Imputan a Fernando Niembro por presunto lavado de dinero

La imputación, que también es contra su socio, se basa en la denuncia formulada esta semana por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Fernando Niembro y su ex socio en «La Usina Producciones SRL», Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma que gira en torno a los 20 millones de pesos, según informó hoy el sitio www.fiscales.gob.ar.

La imputación se basa en la denuncia formulada esta semana por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que indicó que “se habría beneficiado económicamente e ilegalmente a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.

A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.

La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.

Según consta en la denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados «usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.

«Se transformó la excepción en la regla», dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.

«Necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”, expresó Gonella en su denuncia.

La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

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